La Municipalidad de Recoleta lamentó la decisión del Tribunal Constitucional, donde le dio la razón a la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista y resolvió que el alcalde de la comuna, Daniel Jadue puede ser acusado penalmente por los delitos de prevaricación y negociación incompatible.
El nuevo fallo se da en el marco del reclamo de inconstitucionalidad presentado por la empresa, a raíz de la decisión -anunciada el año pasado por el fiscal a cargo de las indagatorias- de no perseverar en la investigación, se detalla en La Tercera.
Recordemos que el 3 de noviembre de 2020, el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad, solicitó al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago el cierre de la investigación por presunta prevaricación y negociación incompatible del alcalde Daniel Jadue.
“La batalla contra la corrupción liderada desde la Municipalidad de Recoleta en contra de la Inmobiliaria Bellavista, fue zanjada el 3 de noviembre de 2020 por el fiscal Jaime Retamal (…) por no haberse reunido los antecedentes suficientes para fundar una acusación en contra del Alcalde de Recoleta”, se detalla en el comunicado.
Desde el municipio explicaron que, pese a la contundencia de la resolución del Ministerio Público, el ex concejal UDI, Mauricio Smok, solicitó el forzamiento de la acusación, que había sido rechazada previamente y que en votación dividida el Tribunal Constitucional plantea posible.
“Forzar una acusación”
En tanto, el pasado jueves 14 de octubre, el TC acogió el reclamo y, según el documento ingresado, “el Ministerio Público no solo no ha formalizado, como lo exige el artículo 248 (uno de los efectos de la comunicación es dejar sin efecto la formalización) sino que ha hecho un ejercicio irracional de la facultad de no perseverar, ha solicitado audiencia para comunicarlo, y no ha investigado de conformidad a un justo y racional procedimiento”.
“Lamentamos que se insista en forzar una acusación de algo públicamente resuelto por el Ministerio Público que es la inocencia del Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. De hecho, nos encontramos ante una causa penal cerrada y con una decisión de no perseverar firme”, se enfatiza el comunicado.
Finalmente, desde el municipio señalaron que “estamos frente a una reacción de quienes han usado la corrupción como una vía de negocio sin siquiera sopesar el daño que generan a los barrios sus construcciones que no cumplen con las normativas vigentes y que los tribunales han dejado absolutamente claro”.
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